Gobiernos omisos ante violación de joven en Venezuela

En un caso que comienza a escalar a nivel internacional, la nicaragüense Ana María Martínez González exigió a los gobiernos de su país y de Venezuela castigo para el académico venezolano Luis González, presunto violador sexual de su hija Militza Matute Martínez, quien en 2010 viajó al país sudamericano para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), en Caracas.

En junio de 2010, a la edad de 20 años, Militza se trasladó a Venezuela para estudiar medicina luego de que en 2009 ganó una beca del Instituto de la Juventud Nicaragüense (Injuve).

Un año después regresó con una enfermedad cerebral que la mantiene paralizada. Al poco tiempo, la joven contó a su madre que fue ultrajada por su asesor académico, Luis González.

Ana María Martínez denunció el hecho ante autoridades nicaragüenses y venezolanas, no obstante el caso sigue impune y Militza permanece inmóvil y sin recursos para costear su tratamiento.

HISTORIA DE ABUSO

En junio de 2010, Mili –como le dice su madre– llegó a la ELAM en perfecto estado de salud. En noviembre de ese año Ana María Martínez recibió una llamada de las autoridades escolares para informarle que a su hija se le había practicado una apendicetomía urgente.

Después de la supuesta intervención quirúrgica, la madre habló por teléfono con Mili, y a decir de Ana María, la joven –que le dijo que era bien atendida por los médicos– estaba distante. Desde ese momento la comunicación entre ambas fue muy esporádica.

En mayo de 2011 la directora de la ELAM, Sandra Moreno,  contactó a Martínez para decirle que su hija sería devuelta a su país por presentar una “depresión severa por no adaptación”. El 22 de mayo del año pasado Mili regresó a Nicaragua en malas condiciones de salud y acompañada por Moreno.

La salud de la joven empeoró rápidamente, relató Ana María. A los pocos días “era incapaz de alimentarse, bañarse o incluso caminar por cuenta propia”, detalló. En esas condiciones, Mili le contó a su madre que había sido violada por su asesor en la ELAM de nombre Luis González. Militza no pudo brindar detalles de cómo sucedió el abuso.
 
DENUNCIA

Martínez denunció los hechos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Nicaragua, el Injuve y la embajada de Venezuela en Managua. La madre consideró que “si el gobierno concede las becas, es el responsable de velar por la seguridad y vida de los becados”.

Ninguna de las instituciones respondió a las demandas de justicia. “Lo único que pedí es que se hicieran responsables. Les entregué a una Mili sana, la violaron y me la regresaron enferma”, acusó.

El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) actualmente acompaña a Ana María en el caso. La madre insistió en que el presunto violador, Luis González, aún trabaja en la ELAM.   

La agresión contra Mili cobró relevancia en la prensa local, a lo que se sumó una campaña en redes sociales para denunciar la impunidad en el caso, y solicitar donativos para la atención médica de la joven.

La Presidencia de Nicaragua –a través de la oficina de la primera dama, Rosario Murillo– intervino en el caso y autorizó en agosto de 2011 brindarle atención médica a Militza en el Hospital Militar de Managua.

Tras 56 días de hospitalización Mili fue diagnosticada con una enfermedad cerebral terminal, lo que no dejó satisfecha a la madre.

Martínez consiguió apoyo económico mediante la campaña radiofónica “Solidaridad con Mili” (lanzada en el municipio de Bluefields, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, de donde son originarias). Así, Ana María pudo llevar a su hija a Cuba en noviembre pasado.

En el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana, Mili fue diagnosticada con encefalopatía epiléptica mioclónica progresiva, enfermedad caracterizada por el deterioro de las funciones cerebrales y del sistema nervioso.

Militza y su madre regresaron a Nicaragua en diciembre pasado. La joven permanece estable, pero debe volver a Cuba en mayo próximo para continuar con su tratamiento.

En tanto, su madre continúa la demanda de justicia a las autoridades venezolanas y nicaragüenses, y les exige que se hagan responsables de los gastos médicos de Mili.  

El sábado pasado, el procurador de Derechos Humanos de Nicaragua, Omar Cabezas Lacayo, afirmó que el Estado nicaragüense tiene que velar por la salud de Militza.

Cabezas también anunció que se contactó con la titular de Derechos Humanos de Venezuela, Gabriela Ramírez, quien le prometió una investigación y la entrega de un informe a Nicaragua, según informó la prensa local.